La Asamblea Legislativa aprueba, lunes 22 de junio, la “Ley especial de inclusión de las personas con discapacidad”, que declara de interés público la inclusión de las personas con discapacidad, su participación en igualdad de condiciones y oportunidades, y prohíbe su discriminación. A continuación, la nota publicada en DIARIO EL MUNDO.

La ley aplicará a todas las personas con discapacidad que se encuentren dentro y fuera del país, y establece sanciones entre 1 a 9 salarios mínimos mensuales establecidas por un Tribunal Sancionador que entrará en vigor un año después de la vigencia de la ley.

Como novedades, la ley establece infracciones leves, graves y muy graves, desde no realizar ajustes o adaptaciones que garanticen el acceso a la educación hasta no cumplir la cuota de contratación de personas con discapacidad.

La ley reitera la obligación de toda empresa a contratar a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores, así como la preferencia para las contrataciones en la administración pública en caso de empates. Sin embargo, esta vez establece una multa por no cumplir: 7 a 9 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, es decir, de $2,100 a $2,700.

Actualmente el artículo 24 de la Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad indica que «Todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo por cada veinticinco trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y formación profesional apta para desempeñar el puesto de que se trate». Sin embargo, no establece sanciones.

De acuerdo a esta nueva ley, también serán faltas muy graves: impedir el abordaje al transporte público, negar la matrícula educativa o expulsarlos, negar asistencia médica oportuna, negar habilitación y rehabilitación en instituciones públicas.

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La normativa ordena a la Superintendencia del Sistema Financiero a vigilar que las sociedades de seguros incluyan en sus contratos coberturas y servicios de seguros de vida o salud a las personas con discapacidad; prohíbe cláusulas de exclusión por discapacidad.

Así mismo, obliga al Estado a armonizar legislación y políticas para proteger a las personas con discapacidad, así como las alcaldías, y a tomar medidas para lograr accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información y todos los niveles del sistema educativo regular con docentes de apoyo a la inclusión. Sin embargo, en cuanto a la educación superior, no hace obligatorio que el Ministerio de Educación haga planes de estudio con contenidos sobre la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos.

El pleno del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) estará conformado por 14 personas: los titulares de la Procuraduría General de la República y ministerios de Salud, Trabajo, Obras Públicas, Educación, Hacienda y Gobernación, además de siete representantes de la sociedad civil organizados en asociaciones de personas con discapacidad. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) actuará como observadora con derecho a expresión, pero sin derecho a voto. Una persona elegida entre ellas será el presidente, cargo que será rotativo y durará tres años.