Las gremiales empresariales más importantes del país están a la expectativa del cumplimiento de la Ley de Mejoras Regulatorias (LMR), con la cual podrían disminuir el número de trámites y procedimientos que realizan en las instituciones públicas y autónomas. Uno de los objetivos de los empresarios es que la ley les ayude a disminuir sus costos de operación.

La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, cree que esta ley ayudará a evitar que instituciones dupliquen trámites e información con la que ya cuentan.

«Hemos trabajado mucho para llegar a una ley que respondiera mucho a las expectativas que teníamos como sector privado. Lo que buscábamos es que se mejore y se optimicen las condiciones de regulaciones que hay en el país. Lo que ha sucedido en el país es que hay trámites y regulaciones que no sabemos de dónde salen. Esta ley le va a permitir ahorrar tiempo a los empresarios porque los trámites serán en el menor tiempo posible y con el menor costo posible», expresó Cuéllar.

Es importante recordar que esta ley –que entró en vigencia el pasado 9 de abril– se aplica al Órgano Ejecutivo, dependencias, entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial. Es decir, incluye a las municipalidades, al Órgano Legislativo y Judicial.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, espera que esta ley pueda facilitar hacer negocios en El Salvador y que también ayude a bajar los costos de operación y producción. «También esperamos que esto nos haga más atractivos, como país, para atraer más inversiones nacionales y extranjeras», agregó.

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«Los ciudadanos se ven afectados en casi todos los trámites que realizan con el Estado. Por ejemplo, si alguien tiene que ir a sacar una solvencia a equis institución, deben pasar por hasta tres o cuatro ventanillas y hacer grandes filas para poderla obtener. Y si ya hablamos de sacar un permiso de construcción, estamos diciendo que es casi imposible tenerlo en menos de un año», comentó Cardenal.

Sin embargo, el sector privado no quedó conforme del todo con algunos aspectos de la LMR. La presidenta ejecutiva de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), Carmen Aída Meardi, opina que el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) debería ser un ente técnico que evalúe la calidad de las regulaciones, trámites y requisitos existentes y que, a su vez, pueda determinar si los trámites y requisitos van acorde a los beneficios, y si no lo son deberían eliminarse. «Es decir que después del proceso que conllevan las evaluaciones de impacto regulatorio (EIR), únicamente emitirá recomendaciones a la institución que dictó la regulación y esta decidirá si aplica o no la recomendación del OMR», señaló Meardi.

La presidenta de CIFACIL sostiene que las autoridades del OMR y el Ejecutivo dijeron que la ley del OMR sería «una ley guillotina». «Eso era lo que necesitamos, pero lo que quedó normado fue una guillotina sin filo. Al respecto, lo que el OMR indicó fue que hacer dictámenes vinculantes que ordenen quitar los trámites sería quitar atribuciones a las instituciones», comentó.

Silvia Cuéllar también comparte el argumento de Meardi. «El OMR al final es como una fase preventiva cuando se emite una nueva regulación. Pero lo que nosotros habíamos dicho es que el rol del OMR tenía ser el del ente que determinara la factibilidad de las regulaciones», declaró.

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Javier Argueta, director legal de ANEP, dijo que son varias las leyes cuyo funcionamiento incidirá en agilizar los trámites para el sector privado, pero que la mayor expectativa está en la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas pues esta tiene mayor fuerza.

«La LMR por sí sola no va a funcionar porque son recomendables, pero sí va a funcionar uniéndose con la Ley de Procedimientos Administrativos y con la de Eliminación de Barreras Burocráticas. La verdadera fuerza la tiene esta última», afirmó Argueta.

Esta ley permite que un trámite denunciado sea declarado ilegal o irracional y que sea declarado nulo. «Esa ley es vinculante, a diferencia de la LMR», agregó.

Fuente: El Economista, abril 2019.