Un reporte de Barclays detalla que las necesidades de financiamiento del gobierno lo obligarán a salir de nuevo al mercado por la falta de espacio fiscal. Un acuerdo con el FMI no se ve a corto plazo, así lo consigna LA PRENSA GRÁFICA. Ampliamos:

La perspectiva de la deuda en el país no tiene visos de mejorar. Un reciente informe del banco de inversión Barclays señala que la deuda pública alcanzará cerca del 90 % del PIB a finales del año lo que llevará a que el Gobierno necesitará hacer un ajuste fiscal muy grande para poner «la deuda en un camino sostenible».

Según las estimaciones «optimistas» de la entidad financiera, la deuda cerraría a un 84 % este año, mientras que el escenario más pesimista la ubica en un 91 % al cierre de 2020 y en un 100 % para 2023.

El déficit fiscal llegaría al cierre del año al 12 % del producto interno bruto (PIB) cuando el año pasado cerró en 3.1 %, esto sobre todo por el impacto de la caída de $658 millones en lo proyectado de la recaudación tributaria a julio, y por un aumento del gasto que supera el 24 %.

Esta situación ha puesto en aprietos la liquidez del Estado y hay erogaciones que no ha cumplido en el tiempo estipulado, como por ejemplo el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

«No tengo caja fiscal, tuve una caída de $660 millones en los ingresos del país, no tengo», expresaba el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en la Asamblea Legislativa, después de una negativa para la ratificación de un crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Asamblea aprobó que el país emitiera deuda por $3,645 millones, $3,000 de ellos por la crisis del covid-19; de estos, $1,600 millones han sido negociados con entidades multilaterales, algunos están a la espera de la ratificación y $1,000 millones fueron colocados en los mercados internacionales en julio pasado, a 32 años y a la tasa más alta de la historia (9.5 %).

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«Aunque el financiamiento obtenido hasta ahora podría permitirle al país salir adelante hasta 2020, se necesita más financiamiento externo (…) Las necesidades totales de financiamiento incluida la amortización de la deuda, podría ascender a $ 4,400 millones, por lo tanto, el Gobierno no parece tener mucho espacio para reducir permanentemente el stock de pasivos internos a corto plazo (Letes y Cetes), que alcanzó el máximo permitido de $1,500 millones», señala un reporte del banco de inversión Barclays.

Ante este panorama, la institución financiera señala que el país deberá tomar medidas que implican desde una nueva emisión de deuda hasta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un nuevo «stand by»

Oficialmente se conoce que ya hay pláticas preliminares para un acuerdo con el Fondo, aunque aun no inicia una negociación oficial. En el prospecto para los inversionistas que comprarían la deuda por los $1,000 millones se señalaba que, el 22 de junio, el presidente Nayib Bukele «escribió al FMI expresando interés en trabajar conjuntamente para llegar a un acuerdo Stand-By».

Para Barclays esta negociación sería muy «díficil» que se diera este año, porque afecta el cambio de ministro de Hacienda y por la llegada de las próximas elecciones legislativas. Nelson Fuentes renunció al cargo como titular de Hacienda el 28 de julio, aduciendo «razones personales», y en sustitución fue nombrado a Alejandro Zelaya, quien fungía como viceministro.

En una presentación que realizó a mediados de julio, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) y economista Mauricio Choussy señaló que el acuerdo con el Fondo podría ser de unos $750 millones y un acompañamiento de $250 millones del Banco Mundial.

«Se espera que el fondo pida un ajuste fiscal de 5 % de 2021 a 2024, que es un año de elecciones. La idea es estabilizar los niveles de deuda PIB no tanto a reducirlos. Un ajuste del 5 % nos llevaría en 2024 a niveles de deuda entre el 60 % y 70 %», explicó, es decir, nivel precovid-19.

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Para Choussy este acuerdo «Stand by» será necesario de manera «voluntaria» o tocará hacerlo de manera «forzosa», por necesidad, al no contar con más fuentes de financiamiento. «Va a ser necesario, ya sea voluntario o forzoso. Ahora que todavía tenemos posibilidades, es mejor negociarlo», dijo.

El analista explicó que las presiones seguirán también por el lado de los pagos de interés por la deuda, que el año pasado fueron de $991 millones; este año serán de $1,600 millones, y el próximo año de $1,800 millones, un 20 % de los ingresos.

Por su parte Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señaló que antes de negociar un acuerdo con el FMI se debería de realizar uno de manera interna y esto implicaría igualmente negociar con la Asamblea Legislativa.

«Lo que está pasando es que no existe una claridad del plan fiscal, no se tiene una visión de qué se quiere hacer, la política fiscal solo se está viendo muy al corto plazo, como la gestión de la caja», señaló.

 

Castaneda agregó que este acuerdo con el Fondo implicaría realizar los ajustes necesarios, ya que se van haciendo los desembolsos si se cumplen los criterios; es por ello imperativo contar con un acuerdo fiscal integral. «La situación en números rojos no es nueva, la venimos acarreando desde hace años; lo que pasa es que, con la pandemia, las finanzas públicas están en cuidados intensivos. Un país con las características de El Salvador, que ha llevado su deuda al 92.1 % de su PIB, implica que hay que tomar medidas importantes por el lado de los ingresos, por el lado del gasto, transparencia y deuda pública», agregó.

Eso implica dejar a un lado gastos innecesarios y dejar de priorizar gastos como publicidad, reorientando recursos, aunque señaló la necesidad de no dejar a un lado la inversión en el área social, porque eso implicaría un retroceso para el país.