El programa invertirá $1.5 millones en una consultoría y la construcción de centros de datos en Santa Ana y San Salvador. Fomilenio II y la consultora Bit4ID Ibérica SL firmaron, recientemente, un contrato para la implementación de la firma electrónica, prevista para que entre en pleno funcionamiento en el primer semestre de 2020.

La empresa realizará una consultoría para el diseño e implementación de la Autoridad Certificadora Raíz de El Salvador, incluyendo la elaboración de una política de procedimientos necesarios para la gobernabilidad y certificación a los emisores de firma electrónica.

La empresa también realizará un diagnóstico y capacitación al Ministerio de Hacienda, Centro Nacional de Registros y del Banco Central de Reserva (BCR), para que uno de estas instituciones se convierta en la entidad emisora de los certificados digitales que se utilizarán como firma electrónica a nivel nacional, explicó William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio II.

La firma electrónica data de 2012, cuando al pleno legislativo llegó el primer anteproyecto. Los diputados aprobaron la ley hasta octubre de 2015 y entró en vigencia en abril de 2016. Esta normativa establece que sea el Ministerio de Economía, a través de la Unidad de Firma Electrónica, el encargado de acreditar a las instituciones públicas o empresas que otorguen los certificados digitales.

El proceso se retrasó y, en 2018, el Ministerio de Economía solicitó apoyo técnico y financiero a Fomilenio II para implementar la firma. El programa inició la consultoría que concluyó con la firma del contrato con la empresa Bit4ID realizada la tarde de este jueves con presencia de la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y del secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Hándal.

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“Hoy se han sentado las bases para que el proyecto sea exitoso”, manifestó Hayem, para quien la “firma electrónica no es una opción” sino una necesidad para ser competitivos en un mundo globalizado. Hándal, por su parte, señaló que el proyecto “de la firma electrónica estaría concluido en el primer semestre de 2020”.

La firma electrónica permite a personas naturales, jurídicas (empresas) y funcionarios aceptar el contenido de un archivo virtual a través de un dispositivo criptográfico que contiene la firma digital con el mismo poder legal que la manuscrita.

Fomilenio II invierte $514,000 en la consultoría de nueve meses y destinará $1 millón para la construcción de dos centros de datos, uno en San Salvador y otro en Santa Ana. Pleites prevé desarrollar estos proyectos entre octubre de 2019 y mayo de 2020.

El programa administra $277 millones donados por la Corporación Reto del Milenio (MCC), adscripta al Congreso estadounidense, y se enfoca tanto en desarrollo humano y de infraestructura logística. “Pronto nos dimos cuenta que mucho se puede mejorar la infraestructura física, pero si no va acompañada de una infraestructura tecnológica la posibilidad de alcanzar las metas (…) iba a ser imposible”, indicó.

En ese campo, sumó, falta invertir y desarrollar un mecanismo para garantizar la seguridad, autenticidad y el no repudio a las transacciones y documentos digitales.

¿En qué ayuda la firma electrónica?

Costos: Con la aplicación de la firma electrónica se reduciría los tiempos y costos en el envío y aprobación de documentos. Por ejemplo, una persona podría aprobar un archivo y enviarlo inmediatamente a cualquier punto de El Salvador u otro país.

Seguridad: El envío de documentos y comunicación sería más seguro pues se utilizarían plataformas con tecnológica de vanguardia. El trato sería personalizado entre remitente y destinatario. También se reducen las posibilidades de hackeo.

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Negocios: La mayoría de países ya tienen su firma electrónica. En Centroamérica, solo El Salvador aún no ha aplicado esta normativa. De contar con el servicio, un empresario podrá realizar negocios más eficientemente y se aumentaría el comercio de bienes y servicios.

El caso

2012 El pleno legislativo conoció el primer anteproyecto sobre la Ley de Firma Electrónica en 2012 pero la discusión no avanzó hasta su aprobación en octubre de 2015.

2016 La ley entró en vigencia en abril de 2016. El Ministerio de Economía, a través de su Unidad de Firma Electrónica, es el encargado de acreditar a quienes deseen otorgar certificados.

2019 Fomilenio II firma el contrato con la consultora  Bit4ID Ibérica SL para la implementación de la firma electrónica. Además se comienza el análisis para el administrador.

2020 Se tiene previsto que la auditoría dure nueve meses y la implementación por completo de la firma electrónica comience en el primer semestre del próximo año.