La sala admitió un amparo en contra de la suspensión del tratado, y decretó una medida cautelar que lo mantiene vigente. Sectores productivos celebraron la decisión.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un demanda de amparo en contra de la denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán, y decretó una medida cautelar que deja sin efecto la cancelación de dicho acuerdo. Como resultado, el TLC sigue vigente.

El Gobierno de El Salvador denunció el TLC con Taiwán el año pasado, tras iniciar relaciones diplomáticas con la República Popular de China, que no admite que sus países socios reconozcan a Taiwán como una nación independiente. A consecuencia de esta decisión del Ejecutivo, el tratado comercial habría quedado sin efecto este 15 de marzo. Con la decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir el amparo, el acuerdo continuará vigente, y los exportadores podrán hacer las ventas programadas a Taiwán bajo las condiciones preferenciales que dicho TLC incluye.

La demanda de amparo fue presentada por la Asociación Azucarera de El Salvador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó anoche, a través de un comunicado, que «por nuestra parte, se considera que el procedimiento efectuado por el Ministro de Relaciones Exteriores para la denuncia del Tratado fue correctamente realizado».

Sectores satisfechos

La sala admitió el argumento presentado por el sector azucarero de que la denuncia del acuerdo comercial no podía ser una decisión unilateral del Ejecutivo, que la realizó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que debió haber sido ratificada por la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del artículo 142 de la Constitución de la República.

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Mientras la sala emite un fallo definitivo sobre esta demanda de amparo, ordenó suspender los efectos de la denuncia del tratado.

Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), dijo que con esta admisión «ha ganado la institucionalidad», que es lo más importante, es lo que debe respetarse.

«No vale que las reglas del juego se cambien antojadizamente, la institucionalidad se debe respetar», insistió.

Agregó que esto genera confianza a los sectores productivos, que es algo básico para generar inversión para el bienestar del país y de la población. «El TLC estaba vigente todavía porque era hasta el 15 de marzo, entonces sigue todo igual», recordó.

El impacto económico de la decisión de denunciar el tratado se había calculado con base en los $40 millones que se habrían dejado de exportar este año. En 2018, las ventas a Taiwán totalizaron unos $23 millones.

Rigoberto Monge, coordinador del sector privado para tratados de libre comercio y asesor de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y de COEXPORT, comentó que se ha reconfirmado que, en materia de comercio exterior, los tratados de libre comercio son un instrumento del más alto nivel para establecer la seguridad jurídica para empresarios e inversionistas.

«Nos alegra que haya funcionado la institucionalidad y el Estado de derecho. Estamos muy satisfechos por el funcionamiento, en primer lugar, de la comisión que se creó en la Asamblea Legislativa, para hacer ver al Ejecutivo que se había cometido un acto muy arbitrario al hacer la denuncia del TLC con Taiwán, y en segundo lugar, muy satisfechos de la admisión y de la media cautelar establecida por la honorable Sala de lo Constitucional, que deja vigente el tratado», detalló.

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Dijo que como sectores productivos y exportadores reiteran al país y a los socios comerciales su compromiso de proteger los tratados. «Nunca conocimos cómo se hizo esa denuncia ni mucho menos ante quién», criticó.

Nota publicada en La Prensa Gráfica, marzo de 2019.