El Salvador es uno de los países de Latinoamérica (de 21 en total) que menos crece debido a la corrupción, destaca el informe «Corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales», realizado por INCAE Business School y que ha sido difundido por la cadena de televisión internacional CNN.

Según el estudio, aunque El Salvador no ha ido en descenso en el trabajo contra la corrupción sí se ha estancado, algo que impide el crecimiento; todo lo contrario a lo que sucede en países que tienen un Producto Interno Bruto per cápita mayor a $40,000 (los llamados países ricos) que han atacado el problema y se les puede calificar como «transparentes».

En un periodo de cuatro años (2014-2017), El Salvador osciló entre el lugar 33 y 39 del índice global de transparencia, en una escala del 1 al 100. En este mismo periodo, 13 países latinoamericanos empeoraron su situación. El estudio sostiene que el 29 % de la población latinoamericana entrevistada reportó haber pagado sobornos en algún servicio público.

«América Latina sufre de altos niveles de corrupción y experimenta actualmente una de las peores crisis de transparencia en su historia. Solo el caso de Odebrecht ha involucrado a funcionarios públicos de alto nivel en Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela», inicia el informe que también destaca que «el problema es que la corrupción causa pobreza».

A escala global, el informe presentado por el INCAE asegura que el costo económico de la corrupción se estima cercano al 5 % del PIB mundial, algo que para la región de América Latina significa aproximadamente $278,000 millones. Esto según datos de la organización Transparencia Internacional.

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Financiamiento político

«El financiamiento ilícito de las campañas electorales es parte del génesis de la corrupción a muy alto nivel. Puede generar compromisos financieros significativos que el nuevo partido de gobierno tratará de cumplir mediante concesiones para sus benefactores privados», expresa el informe.

Ante ello, dice el informe, se hace imperativo la regulación y fiscalización de los partidos políticos en los procesos electorales, algo que en El Salvador todavía no es una realidad a pesar de que el Código Electoral establece que los partidos políticos deben dar a conocer a sus financistas.

Según el estudio, la corrupción disminuye la efectividad del Estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos y aumenta los costos de transacción. Además, ahuyenta a la inversión privada (nacional y extranjera) y distorsiona los esfuerzos del talento empresarial.

«Corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales» también dice que la corrupción está negativamente relacionada con indicadores de salud, educación, libertades personales, vivienda y seguridad personal. «La corrupción es un ancla que impide el desarrollo integral de América Latina», especifica.

El informe también señala algunas posibles soluciones, como «el marco jurídico debe regular de forma eficiente la interacción entre actores públicos y privados en general y, en particular, al menos en los ámbitos de financiamiento electoral y la gestión de compras y adquisiciones del Estado, y los trámites para obtener permisos o licencias del Estado».

Nota publicada en La Prensa Gráfica, marzo de 2019.